ENRIQUE DAZA - COLOMBIA
A partir de 1998, Colombia fue, a excepción de los países del oriente medio, el país que más recibió ayuda militar de Estados Unidos, siendo el tercero después de Israel y Egipto. En 2009 esta ayuda ascendió a 300 millones de dólares que es cuatro veces el presupuesto asignado a las universidades públicas. En total desde 1999 sobrepasa los 6 mil millones de dólares. Aunque desde 2007 esta ayuda ha ido decreciendo y para 2011 se aprobó una disminución de 55 millones, esta "ayuda" no ha disminuido los graves índices de violencia y por el contrario durante el periodo de su implementación, Colombia registra los mayores guarismos de violaciones de los derechos humanos y entre 3 y 4 millones de desplazados de sus tierras. El ejercito que ha recibido esta ayuda es responsable de los falsos positivos hasta el punto que los senadores demócratas, Patrick Leahy, Chris Dodd y Russ Fiengold enviaron una carta pidiendo la disminución de la ayuda militar. Este ejército tiene 254.000 efectivos, siendo el segundo de América Latina después de Brasil. Investigaciones han determinado que no han disminuido las hectáreas de cultivos de coca y que tampoco ha disminuido la violencia. En este sentido y por la intensa cooperación de Estados Unidos con la política del gobierno de Uribe en cuyos dos periodos se implementó este plan, ese país es cómplice de todas las políticas y resultados de la administración Uribe.
Aunque durante la administración Bush, Colombia fue considerada el mejor aliado de Estados Unidos en el hemisferio, las declaraciones reciente de Hillary Clinton en su visita a Colombia muestran que esta es una política de Estado y no de un partido en particular.
Aunque ocasionalmente se han emitido informes críticos sobre algunos temas como la reelección, los falsos positivos y las interceptaciones telefónicas, todo indica que estados Unidos ha estado al tanto de toda esta situación y o ha mantenido silencio o ha apoyado las principales políticas de Uribe.
Es particularmente grave la situación de los derechos humanos pues no solamente se siguen violando cotidianamente y las cifras de este son escandalosas, sino que lo nuevo es que desde el Poder Ejecutivo se protege a los violadores de estos derechos, se impugnan los fallos judiciales que los enjuician y se protege a los victimarios.
Dentro de este contexto el anuncio de la autorización de uso de 7 bases militares en territorio colombiano por parte del ejército estadounidense, es la continuación y profundización de esta política.
Los movimientos sociales que han sufrido esta represión y que son víctimas de esta política han resistido a nivel nacional e internacional y protagonizado importantes luchas. Las decenas de movilizaciones de los afectados por la violencia y del conjunto del movimiento social han logrado importantes victorias que se reflejan en los fallos judiciales que han llevado a la cárcel a altos funcionarios de la administración y a decenas de parlamentarios del uribismo. Esto no hubiera sido posible sin la movilización social y las denuncias nacionales e internacionales.
Sin embargo la denuncia en el plano de los derechos humanos aunque ha sido importante y en buena medida exitosa, es necesario ligarla aún más a lo que significa Colombia para Estados Unidos. El plan Colombia ha sido un complemento del Tratado de Libre Comercio y ha sido fundamental en el mantenimiento y profundización de un modelo económico neoliberal basado en la gran propiedad terrateniente, el predominio de los grupos financieros y la minería a gran escala. Es necesario articular mejor la lucha contra todo esto.
La solidaridad internacional juega un papel fundamental en este proceso. El aislamiento del gobierno colombiano y de su sucesor Juan Manuel Santos, directamente comprometido con estas políticas seguirá jugando un papel importante.
El fortalecimiento de los procesos de integración autónomos como Unasur, la organización de Estados latinoamericanos y del Caribe, o el ALBA, sirven para contrarrestar las tendencias del gobierno colombiano.
Las implicaciones de la instalación de nuevas bases estadounidenses, es algo importante pues tiene gran importancia desde el punto de vista de la estrategia de Estados Unidos, además de que se han violados todos los requisitos constitucionales y representa la mayor afrenta a la soberanía de Colombia después de la intervención en Panamá. También constituye un inmenso desafío a los procesos democráticos del continente. Las organizaciones sociales de Colombia hemos entablado demandas contra esta decisión por violar en materia fundamental tanto en su contenido como en la forma de expedición, la Constitución Nacional.
EDUARDO CARREÑO - COLOMBIA
(Presentación en Power Point enviada aparte)