NINOSKA BENÍTEZ - HONDURAS

Son las diez de la mañana del 16 de junio de 2010, me dirijo por la calle principal de la colonia Alameda, de Tegucigalpa. Observo que todos los automóviles están dando la vuelta de regreso por donde habían llegado. Como no entiendo de qué se trata continúo mi marcha. De pronto un policía con actitud agresiva me detiene, tres cuadras y dos avenidas están cerradas por comandos de las fuerzas elites. Cobras han cerrado las dos manzanas. Un Ministro está en esa zona, escenas como estas son comunes en estas épocas. LOS MILITARES Y POLICIAS QUE HABIAN REGRESADO A SUS CUARTELES HACE 15 AÑOS ESTAN DE REGRESO EN LAS CALLES. ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2009, EL CONGRESO NACIONAL APROBÓ DOS DECRETOS AUTORIZANDO LA PRESENCIA DE LOS MILITARES EN LAS CALLES.

¿Cuál es la situación de militarización en su país, con enfoque en lo que se relacione con los EE.UU.?

En Honduras lo Autoritario es también la concurrencia sobresaliente de periodos de alta militarización con dos rasgos destacados: la presencia de tropas extranjeras y el empoderamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras. Las incursiones militares de Estados Unidos en Honduras datan desde el siglo pasado.

1901: Tropas de La infantería de marina intervienen en la Revolución.

1903: Los Marines participan en la Revolución.

1907: Tropas. La infantería de marina interviene en la guerra con Nicaragua.

1911: Tropas. Protección de intereses de EE.UU. en la Guerra Civil

1912: Tropas. La infantería de marina protege intereses económicos de EE.UU.

1919: Tropas. La infantería de marina desembarca durante la campaña electoral.

1924-1925: Tropas. Desembarcan dos veces durante disputas electorales.

1983-1989: Tropas. Maniobras ayudan a construir bases en las fronteras e instalan bases militares amparadas en los acuerdos de los años 50. Se conserva en la actualidad la base de tierra firme Soto Cano en Palmerola, que en el 2009 fue utilizada para expatriar al Presidente constitucional y perpetrar el golpe de Estado que actualmente se ha consolidado. De igual forma se comienzan a hacer efectivos los convenios firmados en el año 2008, para instalar bases militares en la Mosquitia hondureña donde ya operan radares desde el año 2006. Asimismo ha trascendido que los Ejércitos de Canadá y EE.UU. negocian con Honduras la Instalación de un teatro de operaciones en los Llanos de San Antonio en el Departamento de la Paz, donde antes funcionó la Escuela de Montañas dirigida y financiada por los Estados Unidos.

¿Cómo incide ella en la situación de derechos humanos?

Entre 1980 y 1992 las Fuerzas Armadas fueron un poder fáctico en Honduras. Tomaban decisiones políticas y administrativas en varias instituciones claves del Estado. Sin embargo, esa influencia fuera de los batallones, por encima de los civiles, tuvo diversas expresiones y no menos variadas oposiciones. El movimiento por la defensa y promoción de los derechos humanos fue una oposición muy fuerte y decisiva hasta detener ese rol militar.

Los comandantes en jefe y el Consejo Superior eran el verdadero poder. Crearon el Batallón 3-16 desde el cual "controlaban" a la oposición política de forma sistemática.

El poder lo ejercían con altos presupuestos, abusos de autoridad, detenciones ilegales, desapariciones de opositores políticos, control de las comunicaciones, reclutamientos forzosos, pactos de silencio, complicidad o chantaje con los partidos políticos; controlando medios de comunicación y administrando instituciones claves, como las siguientes: La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, la Policía de Hacienda, la Dirección de Población y Política Migratoria, la Empresa Nacional Portuaria, las aduanas terrestres, aéreas y marítimas, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Armería, y el Instituto Cartográfico Nacional, entre otras.

En esa época los jefes militares opinaban de política exterior, economía política, ciencias sociales, ciencias naturales, negocios e inversiones, y resolvían "pacíficamente" los conflictos sociales y políticos del país. En los batallones se firmaban los pactos de caballeros; del Estado Mayor salían las partes "concertadas", enfocadas por el cañón de los fusiles.

Entre 1980 y 1984 se produjeron la mayoría de las desapariciones forzadas, que posteriormente registró oficialmente el Estado. En esos cuatro años el país fue ocupado físicamente por las tropas militares de los Estados Unidos, los agentes de la CIA, el Departamento de Estado y las fuerzas mercenarias antisandinistas. Para ese momento en Honduras había tres ejércitos el de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, y la Contra Revolución nicaragüense, más el Ejército hondureño. Mientras oficiales locales fueron "formados" por la Escuela de las Américas, y cuarteles especializados de Carolina del Sur en Estados Unidos en técnicas de vigilancia, infiltración, penetración, interrogación, interdicción de armas, seguimiento, tortura, desaparición y asesinato. El país era ya una base de agresión, con recursos propios y extraños made in USA.

En esta nueva etapa de militarización después del derrocamiento exitoso del Presidente Constitucional, los militares han regresado a un rol protagónico si bien es cierto que nunca se desmovilizaron y permanecían de bajo perfil hasta que en 2002, el Presidente Ricardo Maduro les dio el rol de administrar junto al policía la seguridad interna, política que reafirmó el Presidente Zelaya al continuar prorrogando su presencia en labores contra la delincuencia desde el 2009 a la fecha. La presencia del ejército en labores fuera de su competencia es notoria, en la instalación de 68 retenes en 16 de los 18 departamentos del país y en la administración de importantes instituciones del Estado, como Hondutel, con el nombramiento del General Romeo Vásquez Velásquez, quien lideró el golpe de Estado, como Gerente de la empresa nacional de telecomunicaciones , la dirección de Migración y Extranjería, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica , el PRAF y la Empresa Nacional Portuaria.

Nuestra preocupación es que este retorno al protagonismo nacional por parte de los uniformados (lo que ya les ha significado aumento presupuestario, reposicionamiento de imagen pública y nuevos equipos y pertrechos) también implique el agudizamiento de los esquemas de intolerancia, abusos de poder, represión y violaciones a los derechos humanos. Esto ya tiene un alto saldo y costo humano por razones políticas; sobre todo en este momento de pérdida de la institucionalidad cuando en Honduras se registra la muerte de 50 personas por razones políticas y mas de 9,000 violaciones de derechos humanos desde el cierre de medios por efectivos militares, decomiso de equipo, allanamientos ilegales, secuestros, torturas y sitiados departamentos enteros, demás del afianzamiento del paramilitarismo apoyado por Colombia y la inteligencia israelí.

¿Cómo han enfrentado estos temas? ¿Cuál ha sido su experiencia de resistencia?

En el pasado la principal forma de enfréntalos fue la documentación y la denuncia pública de los actos en las fuerzas militares nacionales y extranjeras estaban implicadas, y la organización del movimiento social en comités antimilitarismos. También:

La fuerte opinión pública nacional e internacional alrededor de las graves violaciones a los derechos humanos.

El inicio de juicios contra oficiales de alta graduación por violaciones a los Derechos Humanos.

Los desaciertos fueron:

Descuidar las reformas a las que habían sido sometidas las Fuerzas Armadas

Descuidar la vigilancia sobre la asignación presupuestaria y la rendición de cuentas.

Permitir la incorporación del ejército a las labores de seguridad interna y la incorporación de estos a los partidos políticos donde ganaron posiciones y reciclamiento de imagen.

No continuar la exigencia del retiro de las bases militares estadounidenses, débiles llamamientos para que los militares no siguieran siendo entrenados en la Escuela de las Américas.

¿Qué acciones podemos hacer juntxs para enfrentar esta situación, y así contribuir a la paz y soberanía de nuestros países?

Monitorear la presencia y firma de acuerdos militares entre nuestros países y Estados Unidos.

Redoblar la exigencia de la eliminación de los ejércitos y la derogación de los convenios ya existentes especialmente los de impunidad y que los Estados no sigan enviando oficiales a entrenarse a la Escuela de las América

Mantener la denuncia sobre la militarización y sus efectos sobre la democracia y los derechos humanos.

En el contexto de guerra irregular exigir el desmantelamiento de las diferentes bases que se han y se siguen instalando en América Latina.

Realizar una campaña continental para declarar a América Latina zona de paz y libre de bases militares extranjeras.