DAVID BARRIOS - MÉXICO

México ha avanzado en los últimos años hacia la implementación de una agresiva agenda securitaria y la sociedad mexicana parece avanzar cada vez más hacia el autoritarismo. Una de las vertientes de esta tendencia es la militarización del país, aunque el tema de la "delincuencia común" también aporta su cuota, con la aprobación de reformas judiciales que coartan las libertades individuales y colectivas. Si bien es cierto que desde hace años Estados Unidos ha promovido el tema del narcotráfico como un elemento central de la agenda de seguridad de los países de la región, en la actualidad hay otros elementos que se han combinado para hacer que México ocupe un lugar preponderante en lo que se refiere a la proliferación de la violencia que tiene como una de sus principales causas la actuación de las Fuerzas Armadas. El punto de inflexión para desatar la militarización de México fue el arribo al poder de Felipe Calderón Hinojosa.

Después de un proceso electoral fraudulento, la única, pero fallida forma de legitimación del poder usurpado, ha sido la generación de una situación de conflicto bélico en buena parte del país. El lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado fue presentado de manera complaciente, procurando omitir que implicaría la muerte de miles de personas y la generalización de la violencia. Sin embargo, la propaganda gubernamental repite constantemente que la presencia del Estado y sobre todo su necesidad se verifica en la captura de miles de personas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Esta política gubernamental ha implicado la puesta en práctica del estado de excepción en varios estados del país, en donde las fronteras en las atribuciones de las distintas fuerzas represivas se han disuelto. En lo que constituye uno de los periodos de mayor violencia de la historia contemporánea de México (tan sólo considerando las cifras correspondientes al periodo diciembre 2006-marzo 2010) el número de muertos supera el de otros contextos de guerra (Iraq, Palestina), en una cifra que rebasa ya los 22, 000 decesos. A pesar de que la propaganda gubernamental dicta acusaciones post mortem, se tiene la estimación de que incluso una alta proporción de esas víctimas, han sido niños (900), lo cual da cuenta de la arbitrariedad de la violencia que se ha instalado en el país y de la indefensión en la que vive buena parte de la población.

Las violaciones a los Derechos Humanos se verifican en expresiones tan diversas como la instalación de retenes en distintos puntos del país, la desaparición de decenas de personas, el asesinato y hostigamiento de periodistas, hasta los cada vez más recurrentes episodios en donde el ejército abiertamente asesina "civiles". A pesar del apoyo por parte de la población que tuvieron algunas de estas medidas al comienzo del sexenio, las felonías cometidas por la tropa en diversos puntos del país, más el sacrificio de gente inocente que queda en el fuego cruzado entre los cárteles de la droga y el ejército, parecen anunciar el ocaso de la popularidad de las medidas autoritarias. Aun así, las reformas judiciales y el estado de excepción en que vivimos son avances del autoritarismo que deben ser contrarrestados por la sociedad.