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Colombia: Justicia y Paz responsabiliza a Uribe

Señor Presidente
Álvaro Uribe Vélez

"¡Ay de ustedes, que transforman las leyes en algo tan amargo como ajeno y tiran por el suelo la justicia. Ustedes calumnian y difaman al que defiende lo justo en el tribunal y maldicen a todo el que dice la verdad" Amos 5, 10

Reciba un respetuoso saludo y nuestra Constancia pública y Censura Ética ante la afirmación que usted expresó hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad.

En la ciudad de Bogotá usted aseveró que: " me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG, a disociar y a crear más problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude, que se dejó cometer en el pasado con las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó".

Respecto a estas graves declaraciones expresamos nuestra profunda objeción, porque ellas distorsionan y ocultan la grave vulneración a los derechos fundamentales, de quienes fueron despojados de manera ilegal y violenta de sus tierras, para implementar en ellas cultivos de palma africana y ganadería extensiva, que, valga decir, el gobierno financió casi totalmente.

Su afirmación pretende generar un clima de confusión y de deslegitimación, frente a las exigencias que las víctimas de este despojo han hecho ante las estrategias ilegales y fraudulentas impulsadas por las empresas palmeras y de ganadería extensiva, beneficiarias del paramilitarismo, buscando dar un rostro de legalidad y legitimidad a la criminalidad, como lo conoce el gobierno nacional.

Aunque en su alocución usted sólo se refirió genéricamente a las “ONG del Chocó”, para nosotros es evidente que se refería a nuestra organización, la cual ha venido acompañando a los miembros de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, algunos de ellos asociados en Zonas Humanitarias y de Biodiversidad.

Nuestra Comisión de Justicia y Paz acompaña y representa jurídicamente a estos grupos humanos en los procesos judiciales, que se adelantan por el despojo violento, desplazamiento forzado, daños ambientales, fraude procesal a nivel nacional e internacional, así como en un apoyo psicosocial, pedagógico, y a iniciativas agroecológicas. Nuestro servicio en esta región es una opción fundamentada en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, inspirada en las fuentes del humanismo y la evangélización profética.

En el bajo Atrato hacemos presencia desde 1996, y gracias a ella hemos escuchado de manera directa los testimonios de las víctimas. Pero también nosotras y nosotros hemos sido testigos, hemos sido verificado y constatado el desarrollo de operaciones criminales que han contado con la participación, la tolerancia y el accionar de las Brigadas 17, 15 y de la Policía del Urabá.

Bajo el pretexto de persecución a las guerrillas de las Farc-Ep, la comisión de crímenes de lesa humanidad ha generado el desplazamiento de miles de afrocolombianos, mestizos e indígenas.

Durante los últimos 14 años se ha desatado un plan sistemático de exterminio con la pretensión de que luego del despojo violento, se inició la colonización empresarial, protegida por el paramilitarismo y la fuerza pública, con la finalidad de imponer una economía a gran escala, basada en agronegocios de palma, de banano, de ganadería extensiva, extracción minera, y de obras de infraestructura eléctrica y vial con altísimos costos humanos, ambientales y sociales en la Zona de Reserva Forestal.

La estrategia militar con operaciones paramilitares paso luego a una fase de control social, económico y político. Así, las estructuras paramilitares, todavía actuantes, crearon sus propias empresas o han protegido a otras empresas nacionales e internacionales. Así constituyeron organizaciones sociales como Asoprobeba, asociaciones campesinas y ONGs como Cordesvida, Asocomún, y empresas como Multifruits Ltda.,además de las conocidas como Urapalma, Palma de Cubaradó, Extractora Bajirá S.A., la Tukeka, entre otras, a través de las cuales han pretendido legalizar y legitimar el despojo violento en Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica.

En Curbaradó y Jiguamiandó graves y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Humanitario se constatan en 142 asesinatos, 15 desplazamientos forzados, la ocupación empresarial de mala fe de más de 7 mil hectáreas, proyectadas a 15 mil para la palma aceitera, y 14 mil para la extensión ganadera y la posible extracción minera .

Su aseveración oculta la realidad que se vive en estas comunidades y cuestiona la independencia de poderes en Colombia. Pues su reacción además parece ser una respuesta ante la decisión del Auto de mayo 18 de la Corte Constitucional que en derecho imposibilitó una restitución de los predios en contra de los derechos de los afrocolombianas.

Su apreciación vulnerando las garantías para nuestra presencia en esta conflictiva región del país. Pues como usted conoce, allí el conflicto armado persiste con actuaciones de las Farc-Ep, tanto como las operaciones del paramilitarismo en las que se devela una connivencia con la fuerza pública. El poder de influencia del paramilitarismo sobre las autoridades locales es evidente, con discretos funcionarios presos del temor del poder criminal.

Su afirmación es grave porque falta a la verdad. Siendo usted el primer mandatario, debería asumir su responsabilidad ética y política por apreciaciones tan equivocas y encubridoras de la realidad. Lamentablemente, su falsa apreciación coincide con las difamaciones, campañas mediáticas de desprestigio, amenazas de muerte, orquestadas por militares, exmilitares, empresarios y paramilitares contra habitantes de esta región del país y contra las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, razón de más para nuestra Censura Ética.

Por tal razón, le responsabilizamos de cualquier daño irreparable, que implique la vulneración de la vida e integridad personal de las y los habitantes de los Consejos Comunitarios, de las personas de organismos humanitarios internacionales y de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, que acompañamos en Curbaradó y Jiguamiandó en el marco del derecho internacional y de la Constitución de 1991.

Con profunda preocupación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz