JULIO YAO - PANAMÁ

Panamá tiene una historia rica en intervenciones militares de Estados Unidos: 1856, 1885, 1902, 1903, 1904, 1908, 1916, 1917 a 1919, 1921, 1925, 1941, 1947, 1958, 1959, 1964, 1981, 1985/1989, 1991, 1999, 2001, 2002, 2003/2010.

Tales intervenciones -- en su mayoría militares y, en menor medida, diplomáticas y encubiertas para fines militares -- han significado para el pueblo panameño violaciones masivas a sus derechos humanos y al derecho internacional, general y consuetudinario, y nos ha supuesto a cada paso una mayor dependencia y negación de libertad. Podemos afirmar que, pese a que los tratados Torrijos-Carter abolieron el tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, que fue el inicio de todo, ahora EE.UU. tiene más derechos militares que en el citado Tratado.

Cuando el general Omar Torrijos murió en el atentado a su avión, el 31 de julio de 1981, los primeros en llegar al lugar del siniestro fueron los militares norteamericanos del Comando Sur, no los panameños. Hay versiones de que "limpiaron" el sitio.

El general Manuel Antonio Noriega -- hoy encarcelado injustamente en Francia -- fue presionado el 10 de diciembre de 1985 por John Poindexter, director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para que Panamá se retirara del Grupo de Contadora para la paz en Centroamérica, una iniciativa nuestra; para que Panamá permitiera la continuación de las bases militares norteamericanas mucho más allá del 31 de diciembre de 1999, en violación de los Tratados Torrijos-Carter; para que Panamá permitiera el adiestramiento de los "contra" antisandinistas en la Zona del Canal. Pese a haber colaborado con la CIA, incluso en algunos aspectos del proyecto Irán-Contra, Noriega rechazó tales presiones y eso originó masivas operaciones encubiertas contra Noriega y Panamá. Las directivas para desestabilizar a Panamá por no colaborar y que fueron clasificadas como SECRETAS Y SENSITIVAS fueron decididas a principios de abril de 1986, y son el origen de todo el proceso de satanización del ex agente de la CIA que tuvo el coraje de decirle "no" al imperialismo. Anteriores quejas incluyen, por supuesto, la negativa de Panamá a permitir que la Escuela de las Américas continuara en nuestro territorio, una iniciativa del ex presidente Jorge Illueca que Noriega respetó.

Estados Unidos -- recuérdese que el Comando Sur estaba ubicado en Panamá -- irrumpió en territorio nacional de muchas formas: sus naves y aeronaves se pasearon sin autorización ni control; se hicieron maniobras de paracaidismo en sitios peligrosos para la aviación comercial y la población local, sin avisos; las fuerzas norteamericanas aterrizaron a lo largo y ancho del territorio panameño, ocuparon instalaciones de agua potable de la región metropolitana, hidroeléctricas, y secuestraron a sus funcionarios. Estados Unidos suspendió la vigencia de los tratados Torrijos-Carter, en violación del derecho internacional, y ello significó su desconocimiento de la Junta Combinada de Defensa, entidad panameño-norteamericana paritaria cuya responsabilidad era coordinar todos los asuntos relativos a protección y defensa del Canal, incluido el movimiento de tropas norteamericanas por territorio nacional que eran escoltadas por las Fuerzas de Defensa panameñas.

Entre 1988 y 1989, altos militares norteamericanos presionaron a Noriega para que dejara el poder, pero éste no aceptó. A todo esto, desde 1987 hasta la invasión, Estados Unidos estuvo apoyando activamente a la llamada Cruzada Civilista, originada en la empresa privada, la cual incluso tenía sede oficial en Washington a contrapelo del derecho internacional. La Cruzada fue financiada con dineros que Panamá mantenía en Estados Unidos y que fueron ilegalmente congelados por el Departamento de Estado.

En marzo de 1989, Estados Unidos estuvo involucrado en un golpe fallido contra Noriega, con apoyo de la democracia cristiana. El 3 de octubre de 1989, otro golpe contra Noriega por un grupo de militares desafectos, tuvo éxito parcialmente, pero Estados Unidos, que estuvo en la coordinación del golpe, se negó a llevarse a Noriega porque ya habían decidido invadir a Panamá y no apoyó la revuelta. Colin Powell, recién designado Jefe de Estado Mayor conjunto, decidió saturar a Panamá con fuerzas tan superiores que era imposible fracasar, y a este esquema estratégico se la llamó "Doctrina Powell". Los protagonistas del golpe fallido fueron ejecutados por traición nacional.

La invasión llegó cuando nadie la esperaba. Según la Comisión de Investigación de la Invasión, presidida por el Dr. Ramsey Clark, murieron entre 5,000 y 7,000 panameños. Las Fuerzas de Defensa y las Batallones de la Dignidad, salvo los altos oficiales de la primera, llevaron a cabo una resistencia durante varios días y semanas, pero la fuerza aplastante lo decidió todo.

Después de la invasión, Panamá firmó un acuerdo en marzo de 1991 que permite la entrada libre del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos a Panamá (mares y ríos); en 2002, este acuerdo fue ampliado para permitir que el Servicio de Guardacostas invite a otras ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos y a otros Estados a intervenir para cooperar en la lucha contra el narcotráfico "y otros delitos internacionales"; permite la persecución y destrucción de naves sospechosas por naves y aeronaves de Estados Unidos; autoriza a Estados Unidos a detener naves sospechosas y llevarse a toda la tripulación para ser juzgada en tribunales de Estados Unidos sin permiso especial de Panamá; permite el uso de puertos y aeropuertos nacionales al Pentágono, sin que Panamá pueda preguntar sobre su origen, objetivo y procedencia, sin límites en el tiempo (tratado Salas-Becker). En 2004, el Tratado Salas-Becker fue reformado con enmienda Escalona-Bolton, para permitir que Estados Unidos intercepte barcos de bandera panameña en cualquier parte del mundo, sin autorización especial, en búsqueda de armas de destrucción masiva.

En 1999, antes de la entrega del Canal, se firmó un "acuerdo secreto" entre la inteligencia militar estadounidense y el gobierno nacional, para establecer dos oficinas en las terminales de la vía acuática y entrenar a personal panameño.

Hoy, se denuncia que fuerzas norteamericanas están en Metetí, Darién, con vehículos, contenedores, etc., sin que se conozca cuáles sean sus objetivos y autorizaciones respectivas. El gobierno guarda silencio. Pese a que las fuerzas declaran intenciones humanitarias, no se han cumplido algunos trámites como publicar con anticipación el operativo, relacionarse con las escuelas y padres de familia. Los moradores no tienen ningún conocimiento sobre los propósitos de las fuerzas norteamericanas. Sin embargo, Frank Mora, Subsecretario de Defensa para Latinoamérica, hace un mes declaró en Panamá que nuestro país debe combatir a las FARC porque es una guerra no sólo de Colombia sino de Panamá, dado que las FARC amenazan al Canal.

El próximo mes se llevarán a cabo las Maniobras Panamax 2010, con la participación de 22 Estados de la región y de la OTAN, en ejercicios para enfrentar amenazas a Panamá y el Canal. Se llevan a cabo desde 2003 y son una violación del Tratado de Neutralidad y de la Constitución Nacional, que no contempla la posibilidad de que fuerzas extranjeras nos defiendan. Por el contrario, dice que los panameños tenemos el deber de tomar las armas para la defensa nacional.

Todas estas intervenciones han sido denunciadas en los medios, pero éstos no cooperan en la divulgación porque son considerados temas tabú y no quieren incomodar a la embajada de Estados Unidos. La división del movimiento popular, por otra parte, no ha permitido una mayor incidencia en las denuncias, por lo que estamos haciendo esfuerzos con algunos sectores para mantener un frente nacional en defensa de la soberanía y la paz.