Chile:
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos exigen
renuncia inmediata de Castro Muñoz
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Este viernes
4 de febrero integrantes de la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos (AFEP), encabezados por su
presidenta, Alicia Lira, entregaron una carta en el
Edificio de las Fuerzas Armadas, en Santiago, demandando
al Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel
Fuente-Alba, que exija la renuncia inmediata de Guillermo Castro
Muñoz quien reconoció que fue un agente de la Central
Nacional de Informaciones (CNI) institución que operó
como policía secreta en los tiempos de Pinochet
asesinando a cientos de opositores.
En la misiva
recuerdan que "La Central Nacional de Informaciones fue
una dependencia del Ejército creada para centralizar la
represión que ejercía la dictadura militar sobre la
sociedad chilena y, como tal, fue continuadora de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que fue
calificada por la Comisión de Verdad y Reconciliación y
por los tribunales de justicia como una asociación
ilícita terrorista, creada para cometer las más brutales
violaciones a los derechos humanos. La espeluznante
lista de crímenes cometidos por ambas instituciones
militares aún provocan indignación en el mundo
civilizado".
Castro Muñoz es
actualmente jefe del Estado Mayor del Ejército, pasó en
1974 por la Escuela de las Américas, y en el marco de la
declaración judicial que prestó en la investigación por
la masacre de 22 campesinos en Paine, ocurrida en
octubre de 1973, reconoció ser agente de la tristemente
recordada CNI.
 
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Carta al Comandante en
Jefe
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Señor
Juan Miguel Fuente - Alba Poblete
Comandante en Jefe del Ejército de Chile
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos,
se dirige a usted para solicitarle que le exija la
renuncia inmediata al señor Guillermo Castro Muñoz
al cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército y al
Ejército de Chile, por el hecho de haber sido un
agente de la CNI.
La Central Nacional de Informaciones fue una
dependencia del Ejército creada para centralizar la
represión que ejercía la dictadura militar sobre la
sociedad chilena y, como tal, fue continuadora de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que fue
calificada por la Comisión de Verdad y
Reconciliación y por los tribunales de justicia como
una asociación ilícita terrorista, creada para
cometer las más brutales violaciones a los derechos
humanos. La espeluznante lista de crímenes cometidos
por ambas instituciones militares aún provocan
indignación en el mundo civilizado.
El señor Castro Muñoz aparece mencionado en el caso
de los crímenes cometidos en la localidad de Paine
donde se consumó el asesinato de 22 campesinos,
reconoce haber estado presente en el Cuartel 2 del
Cerro Chena donde fueron fusilados 11 obreros
ferroviarios, aparece en la lista de agentes de la
CNI que el Ejército entregó a los tribunales cuando
estos investigaban el asesinato del líder
sindicalista Tucapel Jiménez y, además, él mismo
reconoce haber sido miembro de esta organización.
Este historial indica claramente que el Sr. Castro
Muñoz desde los inicios de la dictadura militar fue
participante voluntario de las actividades
criminales desarrolladas por integrantes de las
fuerzas armadas.
Señor Fuente-Alba, es inaceptable moral y éticamente
que un ex integrante de la CNI ostente el cargo de
2º hombre del Ejército de Chile. Como usted bien
sabe la mayoría de los crímenes cometidos durante
ese período se encuentran impunes, por tanto, no se
trata de que él no esté inculpado ni condenado por
algún crimen en este momento. Se trata de que la
mayoría de los crímenes están en etapa de
investigación y la permanencia en la filas del
Ejército de los probables inculpados sólo contribuye
a que continúe la falta de colaboración que la
fuerzas armadas han mostrado con los tribunales,
situación constatada en múltiples fallos.
La mayoría de los condenados por crímenes de lesa
humanidad en Chile fueron integrantes de la DINA y
la CNI, lo que indica claramente que ambas
instituciones son responsables de una gran cantidad
de las violaciones a los derechos humanos cometidas
durante el período dictatorial, por tanto, de
acuerdo a las palabras del Presidente de la
República respecto de que “ningún responsable de
violaciones a los derechos humanos será parte de la
Fuerzas Armadas o del gobierno” es necesario que se
les desvincule de inmediato de ambas instancias, lo
que constituye para la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos una exigencia ética que le
demandamos.
 
 
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