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Soldados de
la Escuela de las Am�ricas implicados en muerte de ni�o
de 15 a�os en Honduras
Hace un a�o, el 27 de Mayo de 2012, el joven Ebed Yanes,
de 15 a�os, estaba en camino a su casa, en la
motocicleta de su pap�, en la capital de Honduras,
cuando no par� en un reten de control. Siete militares
le persiguieron en un veh�culo�pick up Ford 350 donado
por los Estados Unidos.��
Entre ellos, el subteniente�Josu� Antonio Sierra, quien
se gradu� el 2011�en WHINSEC, el nuevo nombre para la
Escuela de las Am�ricas (SOA), fue quien dio la orden de
abrir fuego mientras que tambi�n �l mismo baj� del carro
y comenz� tambi�n a disparar.�El joven indefenso muri�
inmediatamente.
El subteniente Sierra es miembro del Primer Batall�n de
Fuerzas Especiales del Ej�rcito, una unidad certificada
por los Estados Unidos tras verificar que sus oficiales
ni soldados violan los derechos humanos. As�, pueden
recibir ayuda militar de los EEUU como el veh�culo que
usaron para perseguir y asesinar a Ebed.�
Cuando los soldados informaron al oficial supervisor del
reten,�graduado de la SOA,�Teniente Coronel�Juan Rub�n
Gir�n, que hab�an matado a un ni�o, el arregl� un
encubrimiento. �
Soldados involucrados en la operaci�n dijeron que �l les
orden� volver al lugar para levantar las evidencias.�"El
fue quien nos dijo que ten�amos que decir... que no
deb�amos decirle a nadie lo que hab�a sucedido."�
Coronel Reynel F�nes Ponce,�tambi�n graduado de la SOA,
fue el�Comandante del Primer Batall�n de Fuerzas
Especiales, orden� el cambio de las armas para que las
pruebas bal�sticas no dieran resultados. �
Funes Ponce fue certificado por los EEUU por no ser
corrupto ni violar los derechos humanos; recibi� esta
certificaci�n a pesar de su papel previo como Comandante
de la Batall�n XV, que ha sido vinculado con muchas
violaciones de derechos humanos, incluso ejecuciones
extrajudiciales de campesinos en el Bajo Aguan.�
Coronel de artiller�a�Jes�s A. M�rmol Yanes, quien
asisti� 3 veces a la Escuela de las Am�ricas y quien la
SOA considera un "Graduado Distinguido" dijo a los
investigadores que nunca fue informado de la muerte de
Ebed a pesar de testimonio al contrario y el registro de
esa noche. �
Cuando la�Fiscal�a�empez� la investigaci�n, �l y F�nes
Ponce entregaron armas carabinas A2 en lugar de los
fusiles Pietro Bereta M-16 que utilizaron los militares
en el reten.�
Otro
graduado de la SOA,�Teniente Coronel�Mariano Mendoza,
quien se desempe�o como subcomandante del Primer
Batall�n de Fuerzas Especiales, y un asesor legal
sugirieron a los soldados el testimonio para dar a los
investigadores. �
En base de eso, los soldados inicialmente dijeron a los
investigadores que no estuvieron en la zona.�
Seis oficiales militares son acusados del encubrimiento
y violaci�n a los deberes de los funcionarios o abuso de
autoridad.
A pesar de su papel en encubrir la muerte de un joven
inocente, varios de estos oficiales fueron nombrados a
puestos mas altos este a�o. �
Por ejemplo, F�nes Ponce, quien cambi� las armas, fue
nombrado Comandante del Comando de Operaciones
Especiales y Teniente Coronel Mendoza fue nombrado
Comandante del XVI Batall�n de Infanter�a.� �
Adem�s, las acusaciones en su contra est�n considerados
delitos�en perjuicio de la administraci�n p�blica y no
en perjuicio de la v�ctima. As� que el representante
legal de la v�ctima esta excluido del caso. �
Con el sistema judicial, conocido por corrupci�n y
influencias, se deja el caso donde el gobierno, el juez,
y el ej�rcito, llegan a un acuerdo entre ellos. �
Como explica el Comit� de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), esto es una manera
de facilitar la impunidad y �negar a las v�ctimas su
derecho�inalienable de participar en el proceso
criminal�.�
De hecho, sin la lucha incansable del papa de Ebed,
Wilfredo Yanes, este caso nunca hubiera visto la luz. El
joven Ebed hubiera sido uno de las tantas v�ctimas de
asesinato en Honduras cuyos casos nunca se investigan. �
Cuando Wilfredo no pudo encontrar a su hijo el domingo
en la ma�ana, �l y su esposa le fueron a buscar. Al
final, le encontraron en una morgue, donde le dijeron
que fue v�ctima de un asesinato en la calle. �
Wilfredo no lo crey� y empez� a investigar. Encontr�
testigos que vieron soldados encapuchados perseguir a su
hijo, le dieron una descripci�n del veh�culo,
y�casquillos.��
Wilfredo fue al Comisionado Nacional de Derechos
Humanos, quien se neg� a recibir su denuncia. Tambi�n
fue a la Fiscal�a Especial de Derechos Humanos, quien
recibi� la denuncia pero no ten�an veh�culo para
investigar el caso entonces Wilfredo les llev� en su
carro.�
Wilfredo y COFADEH han pedido la derogaci�n del decreto
que permite que las Fuerzas Armadas patrullen en la
calle. �
Despu�s del golpe de estado militar en 2009, las Fuerzas
Armadas fueron parte de la fuerte represi�n en contra el
pueblo. �
Luego vino decreto 223-2011 que faculta a las Fuerzas
Armadas para ejercer labores de polic�as en el marco de
un estado de emergencia de seguridad p�blica.��
Desde que se declar� este estado de emergencia, en
noviembre de 2011, ha sido renovado cada vez que va a
vencer. Uno no tiene que manejar lejos para encontrar un
reten militar en la calle como el reten donde mataron a
Ebed.�
Los EEUU sigue dando millones de d�lares en ayuda
militar a Honduras, a pesar de las violaciones de
derechos humanos y las niveles altos de impunidad � lo
cual se manifiesta en la ascensi�n de militares que
encubrieron la muerte de este joven y la falta de
responsabilidad por la muerte de otros civiles
inocentes. �
La influencia de intereses poderosos en el sistema
judicial de Honduras es profundo.
En el caso de la muerte de Ebed, aun con el testimonio
de soldados que ahora son v�ctimas protegidos, solo una
persona ha sido acusada de homicidio. �
Convenientemente, no es el subteniente Sierra, quien fue
entrenado por los EEUU, parte de la unidad certificada
por los EEUU, y encargado del veh�culo donado por los
EEUU � aunque el dio la orden de disparar y dispar� el
mismo.�
�nete a COFADEH en su campa�a en contra de la impunidad
en Honduras y�mandar un postal a las autoridades
Hondure�as para exigir justicia por Ebed y la derogaci�n
del decreto 223-2011.
B.Gynther
