Este miércoles 15 de julio Iván Mejía, vocero policial, anunció en televisión que en Honduras se estaban preparando acciones terroristas de acuerdo a informes proporcionados por la inteligencia militar anunciando que la policía iba a realizar capturas de las personas involucradas.

A la par, el gobierno de facto de Roberto Micheletti decretó toque de queda a partir de este mismo miércoles a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana de este jueves 16, aduciendo la situación de inseguridad prevaleciente.

Según las autoridades auto impuestas, se adoptó esta medida "en vista de la continuas y abiertas amenazas de parte de grupos que buscan provocar disturbios y desorden en algunos lugares" del país y "para brindar seguridad y protección a todas las personas y sus bienes".

La decisión fue anunciada en un mensaje difundido por radio y televisión la que restablece la prohibición del tránsito de personas y vehículos en la noche. Recordemos que el toque de queda estuvo vigente desde el 28 de junio hasta el pasado 12 de julio.

Unas horas después de la cadena del gobierno de facto anunciando el toque de queda, la casa del señor Julio César Dubón fue asaltada por hombres armados quienes le golpearon salvajemente a él y a sus hijos, y enseguida procedieron a registrar su casa, ubicada en Tegucigalpa.

Julio César Dubón es hernamo de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón, quien es la esposa de Enrique Flores Lanza, ministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Para las próximas horas se prevén nuevas acciones de protestas del Movimiento de Resistencia y existe preocupación de los organismos de derechos humanos que se cometan nuevas detenciones, golpizas y asesinatos ya que bajo la lógica del terrorismo "se está buscando justificar la posible represión que se tiene planificada contra el movimiento social hondureño", han indicado en correos urgentes.

De acuerdo a un informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras se han registrado 1155 casos de violaciones a los derechos humanos: entre ellas, ejecuciones, detenciones, amenazas, lesiones graves y restricciones a la libertad de información.

Dentro de las personas ejecutadas se encuentran los casos del periodista Gabriel Fino Noriega, quien fue asesinado de siete impactos de bala que le infirieron dos hombres que se bajaron de un carro negro, el pasado 3 de julio, cuando salía de la Radio Estela; el de Isis Obed Murillo Mencias, de 19 años, quien pereció al recibir un disparo en su cabeza por miembros del ejército cuando participaba de las protestas en el Aeropuerto Toncontín el domingo 5 de julio último; el de Roger Iván Bados González, de 58 años, quien fue ejecutado este sábado 11 de julio por un individuo que le disparó en repetidas ocasiones. También desconocidos asesinaron el mismo día a Ramón García, de 40 años, quien fue bajado de un autobús y acribillado en las cercanías de la comunidad de Callejones, Santa Bárbara. Ambos eran activistas de Unificación Democrática. 

Al cierre de esta nota, el gobierno de facto no ha identificado a estos nuevos escuadrones de la muerte los que actúan en completa impunidad.